El pleno ordinario de enero en el Ayuntamiento de Pinto se recordará siempre por el antes y el después que ha marcado. Las bancadas de la oposición y el equipo de gobierno ya estaban separadas en el municipio, pero ahora parece que las sillas se alejan un poco más por "la falta de diálogo" del ejecutivo local. En Televisión Digital de Madrid hemos abordado con el portavoz socialista, Diego Ortíz y la portavoz de Más Madrid, Elena Ancos, la modificación del Reglamento Orgánico Municipal.
En esa última sesión plenaria del mes pasado, el equipo de gobierno propuso la modificación del ROM. Esta propuesta, según el concejal de Administración General del Ayuntamiento de Pinto, tenía por objetivo limitar los tiempos internos del pleno. Según el concejal delegado del área, Juan Guillermo Padilla, "responde a las quejas de los vecinos que sienten que no se habla de la ciudad ni de las cosas que verdaderamente les importan".
Si siguen adelante presentaremos una denuncia al Tribunal Constitucional
Tanto Ortiz como Ancos coinciden en su opinión, "de dar luz verde a esta modificación la libertad de expresión en el pleno se vería coartada". Los cambios que traería consigo este nuevo ROM sería la limitación de los turnos de intervención, la presentación de una única moción por pleno indiferentemente del número de concejales y la eliminación de temas que no tengan competencia municipal.
"Esto es coartar la libertad y el derecho de los concejales a poder expresar y llevar al pleno peticiones de vecinos, de asociaciones o de los grupos políticos. En el pleno les hemos planteado que si seguían adelante con esta votación íbamos a presentar una denuncia al Constitucional, al contencioso administrativo y que no descartábamos denuncias penales porque se estaba incumpliendo el artículo 23 de la Constitución", subraya el portavoz socialista.
Por su parte, Elena Ancos señala que "no había ninguna justificación desde un punto de vista legal para proponer esto, aunque sí un fondo político de acallar a la oposición, salvo a Vox". La portavoz de Más Madrid tilda esta situación de "anticonstitucional".