El pasado mes de agosto el BOCM publicó la aprobación definitiva del desarrollo urbanístico de Montegancedo. Este desarrollo supone la destrucción de un bosque con gran variedad de fauna y flora, para construir más de 1.000 viviendas. Frente a esto, Ecologistas en Acción, coordinados en la Plataforma Salvemos Montegancedo y con el apoyo del PSOE de Pozuelo, presentaron un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia. Este decretó el pasado 11 de octubre la admisión a trámite del recurso y solicitó al Ayuntamiento el expediente para poder estudiarlo.
Ángel González Bascuñana, portavoz del PSOE de Pozuelo explica que “en enero de este año llevamos al pleno la reclamación de la plataforma vecinal Salvemos Montegancedo de paralizar el desarrollo de esta barbaridad urbanística y proteger el entorno natural. La propuesta fue rechazada por los votos del PP y de Ciudadanos y la abstención de Vox. El recurso presentado por Ecologistas en Acción, con nuestro apoyo, supone un último intento de frenar el desarrollo y su admisión a trámite es la demostración de qué merece la pena investigar el tema en profundidad”.
Desde el PSOE de Pozuelo señalan que “Montegancedo es parte de la riqueza natural de nuestra ciudad, uno de los pocos pulmones verdes que nos quedan, pero además, es un espacio de esparcimiento para las familias y de gran valor cultural debido a la existencia de restos de los polvorines de Retamares y otras edificaciones militares que jugaron un papel importante durante la Guerra Civil. Todo eso no puede destruirse para continuar con la construcción de 1.050 viviendas de lujo”.
La derecha de Pozuelo no tiene un plan a largo plazo para nuestra ciudad. Solo piensan en el ladrillo como solución para todo.
En relación a esto, Ángel González Bascuñana ha denunciado que “la derecha de Pozuelo no tiene un plan a largo plazo para nuestra ciudad. Solo piensan en el ladrillo como solución para todo, sin detenerse a observar cuáles serán las consecuencias. Facilitar que en el medio plazo alcancemos los 120.000 habitantes e incrementar el parque de coches en más de 15.000, es un disparate”.
Finaliza Bascuñana subrayando que “el Ayuntamiento no puede actuar de forma ajena a esta realidad. La alcaldesa tiene que paralizar este desarrollo y ponerse a disposición del TSJ para entregar la información que se solicite. Por otro lado, el PP, Ciudadanos y Vox deberían responder ante los vecinos y las vecinas por su apoyo que ahora queda puesto en duda por la decisión de la justicia”.