El Ayuntamiento de Rivas anunció hace unos días que iniciaría un proceso legal contra una cooperativa encargada de construir 152 viviendas en la ciudad, Atalaya del Sur. Según fuentes municipales, dicha entidad pretendía llevar a cabo el proyecto sin contar con la licencia para ello. Desde Televisión de Madrid hemos podido hablar con Antonio Expósito, representante de la cooperativa, y Francisco Montero, encargado de llevar a cabo la iniciativa, quienes han arrojado todos los detalles de la situación que están atravesando, así como del "maltrato" administrativo que están sufriendo por parte del consistorio.
Así, Montero comienza haciendo un repaso de cómo comenzó la problemática con el Equipo de Gobierno ripense. "El problema surge desde el momento en el que el alcalde de Rivas, o la corporación, en lo que nosotros entendemos una pelea con la Comunidad de Madrid por mejorar servicios, deciden suspender licencias". Sin embargo, "la ley dice que los proyectos presentados tres meses antes de la paralización deben seguir el trámite vigente hasta ese momento".
Paralización de licencias
Ante la noticia de la paralización de licencias, desde la cooperativa Atalaya del Sur decidieron acudir al Ayuntamiento para reunirse con el alcalde y conocer el futuro que deparaba al proyecto de las 152 viviendas. "Allí simplemente nos dijeron que el alcalde había ordenado que se paralizaran. En ese momento, la Asociación Habeas Corpus, que es pro-derechos del ciudadano, y contra la corrupción, ha valorado que hay una posible prevaricación porque el alcalde no es quién para paralizar este proyecto, primero está la ley", sigue explicando Montero.
No obstante, desde la cooperativa no se han quedado de brazos cruzados, y están preparando un borrador de querella por supuesta prevaricación y desviación de poder, y ha presentado una reclamación patrimonial, es decir, si un Ayuntamiento incumple la ley y hay consecuencias por ello, dicho consistorio tiene que pagar una cuantía de dinero, la cual saldría del bolsillo de los vecinos. Con esta reclamación patrimonial, solicitan que ese dinero sea pagado con el patrimonio del propio alcalde, evitando una "injusticia" para los ripenses.
La razón está de nuestra parte, y los tribunales nos la darán. Aún así, estamos deseando que el Ayuntamiento nos llame y nos diga que nos concede la licencia
Más de 14 meses sin reunirse con el Ayuntamiento
Por su parte, Antonio Expósito, representante de la cooperativa afirma que "estamos en manos de uno de los gestores con más prestigio de la Comunidad de Madrid - refiriéndose a Montero- y hemos solicitado muchas reuniones con el alcalde y con el Gobierno municipal. Llevamos catorce meses sin mantener un encuentro", y asevera que "yo, casi todos los días, llamo al Ayuntamiento para solicitar una reunión, que nos atiendan y nos expliquen de primera mano por qué no nos conceden la licencia para construir, que nos de argumentos jurídicos".
Una construcción que, según la cooperativa, está afectando al proyecto de vida de 152 familias, "y son 152 familias vecinas de Rivas que quieren sus viviendas. Estamos desamparados por parte del alcalde, pero tenemos la ley de nuestra mano", mantiene Expósito. Además, también aclara las supuestas coacciones que denuncia el Gobierno ripense, "no son coacciones, estamos exigiendo nuestro derecho, y llamando por teléfono para poder reunirnos con ellos, eso no es coacción".
Carta abierta al alcalde de Rivas
En esta línea, todos los cooperativistas implicados en el proyecto han mantenido diferentes Asambleas, y han elaborado una carta abierta al alcalde, Pedro del Cura, exigiendo, una vez más, su derecho a obtener la licencia. Un escrito en el que expresan la opinión que guardan hacia el Gobierno local y, sobre todo, hacia el regidor, a quien consideran un "alcalde presidente que cree tener asegurada la obediencia debida de su corte de concejales, que regula con abundante nómina que reciben a cambio de su sumisión".
"El Ayuntamiento debería emplear todos los esfuerzos que utiliza para ver como le digo no, en ver como le digo sí, esto es lo correcto, es lo que los ciudadanos de un país democrático y de un Estado de derecho exigimos", mantiene Montero. "La razón está de nuestra parte, y los tribunales nos la darán. Aún así, estamos deseando que el Ayuntamiento nos llame y nos diga que nos concede la licencia, y retiraremos todo".