Una vez vista y estudiada la sentencia, desde el Gobierno de Rivas señalan que esta decisión “no solo demuestra la correcta actuación del Pleno del Ayuntamiento, el máximo órgano de representación de la ciudad, sino que también ejemplifica ꟷexplicanꟷ que la vía judicial sólo servirá para alargar los procesos en marcha”.
El Gobierno invita a las promotoras, constructoras e inmobiliarias a que opten por la vía del diálogo
De esta forma, el Gobierno invita a las promotoras, constructoras e inmobiliarias a que “opten por la vía del diálogo, dejando de lado las coacciones y las amenazas, y respetando el trabajo del personal técnico, el equipo de Gobierno municipal y las decisiones que legalmente toma el Pleno”.
“Las empresas que quieren construir en Rivas ꟷapunta el Gobiernoꟷ deben además respetar las decisiones que democráticamente han tomado los vecinos y las vecinas de Rivas respecto a su planeamiento urbano”.
Unas afirmaciones que chocan de frente con la situación relativa a la cooperativa Atalaya del Sur, quienes, al parecer, y según establece la Ley del Suelo, sí podía tener la Justicia a su favor. Pues ellos consiguieron licitar el proyecto de la construcción de 152 viviendas antes de que el Ayuntamiento decidiera paralizar las licencias, en el plazo oportuno para que, según establece la ley, se deba conceder dicha licencia por parte del consistorio.
La paralización de licencias
Durante el pleno celebrado el pasado mes de julio de 2021, el Gobierno ripense aprobó la suspensión cautelar de las licencias de construcción de viviendas en la zona conocida como Cristo de Rivas.
El objetivo de aquella moratoria era el de modificar el planeamiento urbano para redistribuir sus usos e intensidades. El alcalde de Rivas, Pedro del Cura, señaló entonces que “la ciudad, con los parámetros actuales, ya no es sostenible tal y como está diseñada, por lo que es el momento de ir dando pasos en la modificación del Plan General para adecuarla a los nuevos tiempos, sobre todo después de este año de pandemia”.
Esta suspensión cautelar fue definitiva tras el pleno del mes de noviembre, en el que se paralizaron todas las licencias urbanísticas en la ciudad tras la decisión tomada por la ciudadanía en una consulta popular.
Pese a esta resolución judicial, el Gobierno municipal quiere destacar su "voluntad de seguir apostando por el diálogo y la búsqueda de soluciones, algo que ya se está realizando con la promotora que ha perdido este contencioso".