Si has llegado hasta aquí, te preguntarás por qué se ha plantado la alcaldesa de Rivas, Aída Castillejo, ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Pues bien, el Ayuntamiento de Rivas ha interpuesto un recurso contencioso-administrativo contra la Comunidad de Madrid "por la negativa del Gobierno regional a tramitar su solicitud para declarar al municipio como Zona de Mercado Residencial Tensionado". Así lo denuncia el Consistorio que, además, alude a la Ley 12/2023, de 24 de mayo, por el Derecho a la Vivienda.
“La Comunidad de Madrid está impidiendo a la ciudadanía ripense acceder a sus derechos”, ha denunciado Castillejo. “No puede decidir qué leyes aplica y cuáles no. Su inacción en materia de vivienda perjudica gravemente a las familias de Rivas, que tienen derecho a las medidas excepcionales contempladas en la ley estatal. Desde el Ayuntamiento, estamos haciendo todo lo que está en nuestra mano para garantizar el acceso a una vivienda digna, pero exigimos que el Gobierno regional asuma también su responsabilidad y deje de boicotear soluciones que buscan aliviar la situación del mercado del alquiler y proteger a la ciudadanía”, ha añadido la alcaldesa de Rivas.
Entre otras medidas, el Ayuntamiento de Rivas propuso la posibilidad de una prórroga extraordinaria anual para el arrendamiento tras la finalización del contrato o que los nuevos contratos a nuevos inquilinos limiten el precio del alquiler a la renta del contrato anterior, con una excepción de una posible subida del 10% si se hubiesen efectuado obras de rehabilitación o mejora de la vivienda.
Del mismo modo se establecía la condición de gran tenedor a aquellos titulares de 5 o más inmuebles urbanos de uso residencial y la limitación de los precios de alquiler de sus viviendas y las de aquellas personas propietarias de viviendas que no hubiesen estado arrendadas en los últimos 5 años. También, la aplicación a los propietarios de los incentivos fiscales previstos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas (IRPF) para el alquiler de larga duración en las zonas tensionadas, estimulando así también la salida al mercado del alquiler de las viviendas vacías.
Por último, se solicita la convocatoria de nuevas ayudas para el incremento del parque público de viviendas en alquiler, más de 500 en el caso de Rivas según el Plan Estratégico de vivienda de su empresa municipal. En este sentido, se solicitaba a las administraciones competentes, tanto la Comunidad de Madrid como al Gobierno de España, financiación a los ayuntamientos para el incremento del parque público de viviendas.
La Comunidad de Madrid está impidiendo a los ciudadanos acceder a sus derechos
El planteamiento de la Comunidad de Madrid
Una vez más, la Comunidad de Madrid se posiciona en contra de la Ley de Vivienda de Pedro Sánchez. Eso sí, la aplica en todos los artículos que son de carácter obligatorio y ese no es el caso de la declaración de zonas tensionadas.
La presidenta regional ha dejado claro que no van a aplicar la Ley de Vivienda pues, asegura, "se mueve por la ideología". "Yo no pienso cometer los mismos errores que han arruinado a Cataluña, que han expulsado a las empresas, que han fomentado la ocupación, no lo pienso permitir", mantiene la jefa del Ejecutivo, asegurando que, si ha crecido el precio de la vivienda en España es "por culpa de sus políticas", haciendo referencia al Gobierno central.
El Gobierno de la Comunidad de Madrid pone en valor los diferentes planes en favor de la vivienda que se están aplicando en la región, tanto el Plan Vive como las más de 4.000 nuevas viviendas exclusivas para jóvenes. Mientras tanto, "Pedro Sánchez ha construido en seis años cero viviendas de las 184.000 que prometió", comenta Isabel Díaz Ayuso.