La Policía Local, a través del servicio municipal de grúa, procedió durante el año 2023 a la retirada de 288 vehículos de las vías públicas de San Martín de la Vega por infracciones al Reglamento General de Circulación o por situación de abandono, un 75% más que en el año 2022, cuando se retiraron 164 vehículos.
De los 288 vehículos, un total de 236 han sido recuperados por sus titulares o propietarios, mientras que los 58 restantes han sido declarados como residuos sólidos urbanos, procediendo a su tratamiento y posterior destrucción. Desde la Policía Local han explicado el procedimiento que se desarrolla en la retirada de un vehículo en situación de abandono, por el cual “bien sea de oficio a través de nuestros agentes o bien como consecuencia de los avisos que recibimos por parte de los vecinos, se procede a identificar al vehículo, en función de los síntomas de abandono que muestre: ruedas pinchadas, suciedad, elementos en mal estado”, a lo que han añadido que “en tal caso, se coloca un cartel informativo en el que se ofrece un plazo para que el vehículo sea trasladado a otro lugar o bien subsane las deficiencias observadas”. “También comprobamos que tenga el seguro obligatorio en vigor, por lo que en caso contrario se procede a su inmovilización y retirada”, han añadido.
El número de vehículos retirados ha aumentado un 75% respecto a 2022
Cuando se procede a la retirada del vehículo y su traslado al depósito municipal, desde el ayuntamiento se emite una notificación al titular o propietario del vehículo en el que se le ofrece un plazo para proceder a su recuperación, previo abono de las tasas correspondientes, establecidas en 165,69 euros por el traslado en grúa y en 10,40 por día de estancia en el depósito. “En caso de que no acuda a por su vehículo, automáticamente se tramita la baja del mismo, se declara como residuo sólido y se procede a su destrucción en un centro autorizado”, han informado fuentes policiales. La declaración como residuo implica, además, una sanción de 2.001 euros por su abandono en la vía pública, al ser una infracción grave a la Ley 7/2002, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.
“El funcionamiento de este servicio es fundamental con el fin de garantizar el correcto estado de nuestras vías y espacios públicos y evitar cualquier tipo de riesgo hacia las personas y el resto de conductores”, ha argumentado el concejal de Seguridad Ciudadana, Sergio Neira.