El Ayuntamiento de San Martín de la Vega ha entregado a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid alrededor de 2.200 firmas en defensa del servicio de Urgencias y denuncia que durante los meses de diciembre y enero más de la mitad de días no ha habido médicos disponibles, lo que ha supuesto que más de 400 vecinos no hayan sido atendidos.
En concreto, han sido recogidas 2.198 firmas durante noviembre y diciembre. Desde el Ayuntamiento, se denuncia que, como consecuencia del Plan de reorganización de Urgencias Extrahospitalarias, los vecinos se han visto obligados a trasladarse a otros centros de salud u hospitales más cercanos.
“Por desgracia, el tiempo ha demostrado que este plan únicamente ha contribuido a devaluar un servicio esencial como son las Urgencias y no han garantizado la presencia de médico, algo fundamental”, ha indicado el Primer Teniente de Alcalde, Sergio Neira, que añadía lo siguiente: "esta medida ha provocado que a una media de 15 consultas al día, en torno a 465 vecinos no hayan podido ser atendidos en todo este tiempo, lo que consideramos inadmisible”.
Los recortes y sus consecuencias
De acuerdo con los datos de la plataforma SAR (Specific Absorption Rate), que en español significa Tasa Específica de Absorción, durante los 31 días del mes de diciembre, 17 se han presentado sin médico y, durante el mes de enero, los vecinos han estado 14 días sin atención médica.
Del mismo modo, en la reunión con la Gerencia del Área Asistencial, se ha confirmado el recorte en personal.
"Si bien mantenemos los mismos médicos, hemos pasado de tener cuatro enfermeras y cuatro celadores a tener tres y tres", indicaba Neira.
“La no presencia de médico influye negativamente en la atención sanitaria a los vecinos, así como la saturación de las urgencias hospitalarias, ya que son derivados allí para ser atendidos, cuando la mayoría de ocasiones su atención estaría garantizada en el Centro de Salud”, han considerado desde el Consistorio.
Por otra parte, han calificado la reunión mantenida como “decepcionante”, pues solo ha reflejado “el caos organizativo de un plan que parece que no ha sido valorado ni estudiado previamente, ni mucho menos consensuado con los trabajadores, pues ha generado multitud de inconvenientes y un empeoramiento grave en el servicio” y que “únicamente han tratado de descargar cualquier todo tipo de responsabilidad en los propios profesionales sanitarios”.