Se está hablando mucho durante estas semanas sobre el origen y la calidad de los productos alimentarios debido a las protestas de agricultores y ganaderos en toda España. El debate también ha llegado al pleno del Ayuntamiento de San Martín de la Vega con la moción presentada por VOX, que proponía que el Consistorio controle el etiquetado, la calidad y seguridad de estos productos. La propuesta no ha salido adelante por los votos en contra del PSOE, que posee la mayoría absoluta. PP y VOX han votado a favor.
Según ha expuesto la concejala de VOX, Elena Domínguez, el ayuntamiento debe aprobar una ordenanza municipal que vigile la higiene y calidad de los productos y que sancione a quién no cumpla. Además de ello, exige que se garantice el derecho de los consumidores a conocer el origen de los productos, la realización de inspecciones periódicas para comprobar que los alimentos cumplen la legislación vigente, sobre todo los frescos, y la puesta en marcha de campañas para promover el consumo de productos nacionales. Desde la formación política creen que esto es posible debido a que en Zaragoza existe una ordenanza que regula estas cuestiones.
El gobierno local avisa de que no tiene competencias ni medios para llevarlo acabo
Los cuatro concejales del Partido Popular han votado a favor de la moción, aunque con matices. Su portavoz, Marcos Ocaña, ha avisado de la existencia de una ordenanza en San Martín que regula la venta ambulante de productos agrícolas y que ello podría "entrar en contradicción y en un problema" con la nueva moción. Al gobierno local le ha recordado que es capaz de actuar en esta materia y pone como ejemplo la actuación de la Policía Local en julio de 2023 cuando cerró un comercio local, aunque fue por aviso de la Comunidad de Madrid.
Por su parte, el primer teniente de alcalde, Sergio Neira, ha advertido que "el ayuntamiento no tiene las competencias ni los medios para ejecutarlo" y que el gobierno municipal se ciñe a la Ley autonómica de 2001, que se encarga de las cuestiones sanitarias. En referencia a la actuación policial del pasado año, ha respondido que "se actuó en base a la Ley del Suelo de la Comunidad de Madrid porque el local no tenía licencia". "Nada tiene que ver con las condiciones sanitarias o alimentarias que tuviera el local puesto que fue una inspección independiente de la Comunidad de Madrid", ha puntualizado.