SAN FERNANDO | Unos autobuses adaptados a personas con movilidad reducida

Sanfer y Coslada piden este servicio para el transporte alternativo a la Línea 7B

Sanfer y Coslada piden este servicio para el transporte alternativo a la Línea 7B

“El Gobierno regional es único responsable de esta situación”.

Imagen: Ayto. San Fernando de Henares

La Línea 7B de Metro cerró, desde el pasado sábado, día 27 de julio, su tramo final, concretamente, desde la parada de ‘Barrio del Puerto’ hasta ‘Hospital del Henares’, actuando la primera como cabecera. Esta situación acarrea un importante problema de movilidad en las localidades de San Fernando de Henares y Coslada, y los ayuntamientos de ambas ciudades vuelven a exigir, a la Comunidad de Madrid, única administración con competencias sobre esta infraestructura, que las alternativas de transporte planteadas, y ya en marcha, cumplan con las medidas de accesibilidad oportunas.

 

Los autobuses del servicio especial (SE) destinadas a cubrir el itinerario del suburbano, no cuentan con rampas para personas con movilidad reducida, muy importante máxime cuando muchos/as de los/as usuarios/as utilizan este medio para sus desplazamientos al Hospital del Henares y presentan dificultades de movilidad. 

 

Los Consistorios han remitido una carta al Consorcio Regional de Transportes con estos reclamos, y han solicitado una campaña informativa más extensa y pormenorizada dirigida a la ciudadanía y, especialmente, al colectivo de mayores, donde se explique, con total claridad, las rutas establecidas y las frecuencias de paso; así como la revisión de los sistemas de climatización. De todos estos asuntos se han recibido quejas vecinales. 

 

Remarcar que la Línea 7B de Metro abrió sus puertas en 2007 y, solo un año después, comenzaron los cierres. Pero la problemática más grave es el drama social generado. “Vamos a continuar en las calles, reivindicando; e iremos donde sea necesario para seguir exigiendo a la Comunidad de Madrid, y a su máxima responsable, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, soluciones definitivas, porque llevamos 15 años de parches, y no pararemos, ‘de la mano del tejido social’ y le pese a quien le pese”, ha manifestado Corpa. 

 

“El Gobierno regional es único responsable de esta situación, con el derribo, hasta el momento, de 41 viviendas. Otros 14 inmuebles están siendo demolidos, y 18 más, próximamente; además de desalojos y vecinos/as que conviven con afecciones. El municipio ha perdido dotaciones públicas como la Escuela Oficial de Idiomas, la Casa de la Mujer, un Centro de Juventud o una Sala de Exposiciones que era un referente; además del traslado de otras prestaciones”, aseguran.

 



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