La Sala de lo contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha puesto fin al caso PARCESA sobre la construcción de un cementerio, tanatorio, crematorio en San Sebastián de los Reyes, pero... ¿A quién le ha dado la razón?
Desde Vecinos por Sanse aseguran que se le ha dado la razón al anterior Gobierno Municipal. "Tal y como han afirmado los medios, el proceso judicial se originó tras la decisión del propio Ejecutivo anterior del Ayuntamiento de San Sebastián de los Reyes, que fueron lo que ciertamente, en el Pleno de abril de 2022, rechazaron la aprobación definitiva del Plan Especial presentado por la empresa para la construcción de estas instalaciones", han expuesto en su comunicado.
El actual portavoz de la formación, Miguel Ángel Martín Perdiguero, ha celebrado la resolución de la Justicia y ha recordado cómo fue el proceso: "A mí, a nivel particular, me afectaba la ubicación, pero no puedo negarme a tramitarlo, si me niego, tengo un problema, es lo que la gente no entiende. PARCESA lo presenta, lo tramitamos y pedimos informes a Urbanismo de la Comunidad de Madrid para decir que no y llevarlo al Pleno del Ayuntamiento, donde el resto de las formaciones políticas apoyaron con su voto nuestra decisión de rechazar la aprobación definitiva del Plan Especial presentado por PARCESA para la construcción del cementerio, tanatorio, crematorio. Tengo que dejar claro que ni Juan Torres, ni Izquierda Independiente pintan nada en la decisión del Tribunal Supremo como consta en la sentencia".
Así, Perdiguero ha lamentado que tanto PP, como Izquierda Independiente le acusasen de" irregularidades tan graves" sobre este este asunto, "las cuales, tras la resolución de la Justicia, se ha comprobado que eran inexistentes: 'Es gente que se dedica a crispar y a enfrentar a unos y otros con mentiras y odio, en vez de dedicar ese tiempo tan valioso en ayudar a los vecinos'". Y continúa: "Lo más grave que hay en este caso en la reunión que tuvo Lucía (actual alcaldesa del PP) con el dueño de PARCESA en la terraza de un bar de La Moraleja con su secretario general del Partido Popular de San Sebastián de los Reyes en esa época, con un abogado de PARCESA que, por cierto, es socio de un familiar de Lucía. Eso es grave, muy grave. Porque yo me he reunido con PARCESA en mi despacho con técnicos, no tengo nada que ocultar, pero Lucía no, Lucía se reúne en la terraza de un bar de La Moraleja. Las reuniones que hay en el Ayuntamiento son públicas; las reuniones que hay en un bar de La Moraleja son privadas".
Además, el portavoz de Vecinos por Sanse se pregunta por qué la actual alcaldesa, Lucía Fernández, "no asistió a la Comisión de Investigación ni un solo día. Una Comisión presidida por el propio Juan Torres y que ya concluyó en junio de este año que 'el Gobierno anterior actúo de manera adecuada' y que 'no se encontraron indicios para considerar que la conducta del señor Perdiguero no fuera la adecuada'".
A mí, a nivel particular, me afectaba la ubicación, pero no puedo negarme a tramitarlo, si me niego, tengo un problema, es lo que la gente no entiende
Sin embargo, el portavoz de Izquierda Independiente, Juan Torres, ha tratado de desmentir al portavoz de Vecinos por Sanse mostrando los documentos del Tribunal Supremo y el recurso de Izquierda Independiente contra "la irregular autorización del proyecto del crematorio y cementerio que hicieron".
Desde el partido local inciden en que este auto judicial "pone fin a un proyecto irregular aprobado por el antiguo gobierno de San Sebastián de los Reyes, liderado por el PSOE. Un crematorio privado de PARCESA junto a viviendas. El partido local ha recordado que el anterior gobierno también pretendía perdonar las tasas a PARCESA. Esto hubiera supuesto perder más de un millón de euros de las arcas municipales".
Juan Torres, portavoz y concejal de Izquierda Independiente, afirma que “esta resolución vuelve a demostrar que teníamos razón en denunciar este proyecto, turbio desde el principio, y que los Sres. Narciso Romero y Perdiguero pretendían beneficiar, de nuevo, a una empresa privada en perjuicio de los intereses públicos. Algo que se demostró en la Comisión de Investigación. Sólo el pacto con el actual gobierno del PP para sacar adelante sus presupuestos permitió taparlo. Ese pacto no escrito supuso que los anteriores responsables municipales no fueran investigados”.