Miguel Ángel Martín Perdiguero ha sido querellado por la Fiscalía de Medio Ambiente de la Comunidad de Madrid a raíz de la denuncia presentada por Izquierda Independiente de San Sebastián de los Reyes en la que se acusaba al vicealcalde de permitir la actividad de una planta de residuos en el terreno protegido del Río Jarama sin licencia.
Juan Torres, portavoz de Izquierda Independiente explica que "el teniente de alcalde, en el mismo día hizo dos decretos: una clausurar esa planta que carecía de licencia, porque así se lo había dicho la Comunidad de Madrid, pero diez minutos después la suspende y permite que esa planta de reciclaje siga funcionando". El portavoz de Izquierda Independiente explica que "la clausura tenía resolución municipal, pero no que se mantuviese la actividad, lo que considerábamos que era una decisión unipersonal de Martín Perdiguero".
"Vimos que eso podía ser causa de un delito de prevaricación urbanística de beneficiar una actividad ilegal en un paraje protegido al lado del río Jarama. El fiscal admite nuestra denuncia y presenta una querella contra el candidato de Ciudadanos", explica Torres, que señala asimismo que "se ha ido manteniendo su actividad de manera provisional e ilegal", cuya clausura se ha parado hasta en dos ocasiones hasta que el 28 de diciembre se ha procedido a su cierre.
"El único responsable de todo esto es el concejal de Urbanismo", afirma el concejal de Izquierda Independiente, que exige también que se desmantele la planta, aunque señala que "los propietarios están pendientes de que se recalifique el suelo". "Creemos que toda la rivera del Jarama la tenemos que proteger", declara Torres.
El vicealcalde y candidato de Ciudadanos se enfrenta al artículo 320 del Código Penal, en el que se establece que "cualquier cargo público que, a sabiendas, tome una decisión en contra de la ordenación del territorio puede ser condenado a una pena de cárcel de entre 1 año y medio y cuatro años de prisión y la inhabilitación como cargo público de entre 8 y 15 años". Así, "Martín Perdiguero se arriesga a ser condenado hasta 4 años de prisión y a 15 años de inhabilitación para cargo público".
El único responsable de todo esto es el concejal de Urbanismo