La Guardia Civil ha detenido este lunes 31 de mayo a cuatro trabajadores del Centro Penitenciario de Madrid III, en el municipio de Valdemoro, acusados de introducir droga durante la pandemia tras ser aisladas del exterior.

Tras los arrestos, los Agentes de Policía han procedido al registro de las taquillas de los detenidos, con la ayuda de los perros adiestrados en la detección de estupefacientes, así como dos celdas de modulo 7 de la cárcel, que pertenece a uno de los presos conflictivos del centro, según ha podido informar EL PAÍS.  Además, en una de las celdas se localizó un teléfono móvil, objeto que está completamente prohibido para los reclusos. 

La investigación que ha llevado a las detenciones de este lunes se comenzó en la primavera del año pasado al detectarse que en la prisión de Valdemoro seguía circulando la droga, pese a que el Ministerio del Interior había suprimido las visitas a los presos de familiares y amigos, tras decretarse el estado de alarma, al igual que los permisos de salida de los internos, considerados principales vías de entrada de estupefacientes dentro de las prisiones.

Las medidas para minimizar el riesgo de expansión de COVID en las cárceles provocó que disminuyera drásticamente el tráfico clandestino de drogas en el interior del centro penitenciario, provocando el incremento del precio de las mismas. Una bellota de hachís pasó de pagarse 100 euros antes de la pandemia a 150 o con los gramos de cocaína, pasando de 60 euros a 90 e incluso 100 euros. 

Esta falta de droga entre las cárceles originó altercados entre los presos, muchos de ellos con síndrome de abstinencia, pero sin embargo, estos conflictos fueron menos abundantes en la cárcel de Valdemoro. Las pesquisas han determinado que una parte de las sustancias eran introducidas por cuatro funcionarios arrestados, provocando su consecuentes arrestos. 

Este es el tercer suceso de gravedad que se produce en la prisión de Valdemoro en los últimos dos años y medio. En febrero fue detenido un trabajador penitenciario acusado de colaborar con un supuesta célula yihadista. El segundo caso fue la fuga de dos reclusos, Jonathan Moñiz, alias El Piojo, y su hermano Miguel Ángel, detenidos meses más tarde.