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VALDEMORO | Hacienda reporta que hubo un sobrecosto de 10 millones de euros en la construcción de un centro deportivo de Valdemoro

En un informe para el Caso Púnica

En un informe para el Caso Púnica

Imagen: Supera

Los avances del caso Púnica han permitido documentar como se perpetró la trama de un presunto amaño de 10 millones en la contratación por parte del Ayuntamiento de Valdemoro de las obras del Centro Deportivo Supera. El documento que ha tenido acceso El País, fechado el 5 de abril, detalla como la empresa constructor David Marjaliza, con el nombre de Open Sport Life Center, se hizo cargo de las obras del centro deportivo suponiendo un sobrecoste de 10 millones de euros.

 

 

El Ayuntamiento de Valdemoro adjudicaría la construcción del edificio en 2011 en una parcela de 17.000 metros cuadrados por 15,5 millones de euros. Según el informe, la empresa podría explotar las instalaciones durante 75 años por un cannon anual de 1.770 euros.

 

El informe deja claro el sobrecoste pagado muy por encima del contrato establecido “El incumplimiento contractual de Open Sport Life Center ha producido al Ayuntamiento un perjuicio económico de 9.759.305,42 euros, que resulta de la diferencia entre la obra que debía realizar según el contrato (15.571.621,49 euros) y la que efectivamente realizó (5.812.316,07 euros)”.

 

 

El expediente se abrió con José Miguel Moreno, alcalde de Valdemoro por el Partido Popular, que llevaba al cargo de Gobierno Local desde el 2003 tras haber sido concejal de Urbanismo. Moreno tomaría el mando tras la salida de Granados del Ayuntamiento del Valdemoro hacia el Gobierno Regional de Esperanza Aguirre.

 

 

Valdemoro es el epicentro de la presunta red de corrupción que fue tejida por los populares en la Comunidad de Madrid. Desde el ministerio público afirman que esta trama operó, al menos, desde 1999 hasta mediados de la década pasada. En 2019, el Ayuntamiento de Valdemoro anuló por unanimidad el acuerdo firmado en 2011 donde se adjudicaban las obras de dicho centro. La corporación entiende que debió de haberse firmado el contrato de concesión de obra pública en vez de administrativa.



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