VALDEMORO | Imputadas dos técnicas de urbanismo del Ayuntamiento por su presunta implicación en la púnica

Una de ellas había estado colaborando con la Audiencia Nacional

Una de ellas había estado colaborando con la Audiencia Nacional

Esta pieza es una de las que aún siguen en instrucción del caso Púnica.

Imagen: Redacción

El juez de la 'Púnica' ha imputado a dos técnicas de urbanismo del Ayuntamiento de Valdemoro. Una de ellas habría colaborado con la audiencia nacional pero ocultando su participación en la trama.

 

La decisión ha sido tomada por el Juzgado Central de Instrucción Número 6, a instancias de la Fiscalía Anticorrupción, citando a ambas técnicas, ha informado Europa Press. La decisión se enmarca en la pieza 4 de la causa, donde se investiga un supuesto "plan preconcebido" entre el exconsejero madrileño Francisco Granados y otros investigados para conseguir amañar informes urbanísticos en favor de la trama y manipular así "el planeamiento urbanístico de Valdemoro" al concertar la venta o cesión del suelo público, "cobrando ingentes comisiones por todo ello, en severo detrimento de las arcas públicas".

 

Las fiscales Carmen María García y Teresa Gálvez pidieron imputar a la jefa de los servicios de urbanismo, Montserrat Pacheco, y a la también técnico María Rodríguez al considerar que "habrían ocupado un rol nuclear en los hechos indirectamente delictivos".

 

En concreto, indicaron que Pacheco volvió a contestar a los últimos requerimientos de información "de forma parcial, en una maniobra que podría interpretarse de encubrimiento de su participación en los hechos investigados".



La declaración de ambas técnicos estaba prevista este mismo martes, si bien finalmente han sido suspendidas, añaden las fuentes.

Más allá de esta posible ocultación de información, Anticorrupción sostiene que ambas técnicos "habrían ayudado a la trama a repartir a la carta la vivienda protegida, informando de favor el protocolo de gestión y el convenio diseñados para localizarla en parcelas propiedad de empresarios que se habrían avenido a pagar una comisión por ello, que serían ilícitos".

 

Por ello, las fiscales las consideran "posibles responsables" de delitos continuados de prevaricación, malversación de caudales públicos, fraude contra la administración pública, falsedad en documentos, cohecho, blanqueo de capitales e incluso pertenencia a organización criminal.

 


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