Lo publicábamos el pasado mes de octubre. Nuevos acontecimientos entorno al caso 'La Albada' de Villaviciosa de Odón ponían, de nuevo, a ciertos ediles de la ciudad en el punto de mira de la actualidad municipal. Ocurrió cuando la Audiencia Provincial estimó el recurso presentado por Vox Villa y Fiscalía hacia el actual concejal de Cultura de Villaviciosa de Odón (ex edil del PP) Joaquín Navarro y dos ex ediles más del Partido Popular, actualmente en el equipo de gobierno conformado por Cs, PSOE y AVPV, María Ángeles Méndez Díaz y David Prieto Giraldes. Se les acusa de presuntos delitos de "falsedad documental", así como al ex regidor José Jover (PP), al que también se le atribuye el supuesto delito de "prevaricación" por la celebración irregular de las 'famosas' bodas civiles.
Ahora, el Ministerio Fiscal ha acordado la apertura de juicio oral contra los anteriormente mencionados. Según las informaciones vertidas por Vox Villa, "en el auto, de fecha 17 de diciembre de 2019, se decretaba libertad provisional para el ex alcalde José Jover y para otros tres ex concejales (entre los que se encuentra Navarro), y les citaba el 26 de diciembre para notificarles la apertura de juicio oral por delitos que llevan aparejadas penas de más de cinco años de prisión".
Noticia por la que Vox Villa pide al alcalde de la ciudad José Luis Pérez Viu (Cs) que expulse a Navarro del equipo de gobierno dadas las actuales circunstancias y siguiendo, indican, la política que ha llevado a cabo con el recién dimitido Jesús Serrano (Cs), que capitaneaba las áreas de Atención al Ciudadano, Entidades Urbanísticas, Transportes, Turismo y Deportes y que ha dejado, además, su acta, debido a la realización de unas obras de reforma en su vivienda sin solicitar la preceptiva licencia hace casi 10 años.
Vox Villa pide al alcalde que actúe con Navarro como lo ha hecho con el recientemente dimitido Jesús Serrano
Desde Vox, consideran que "si una infracción administrativa que no acarrearía sanción alguna por estar prescrita tiene estas consecuencias, con más motivo deberían tenerlas la posible comisión de un delito penado con cárcel e inhabilitación".
La causa
El recurso presentado, en su momento, por Vox Villa y Fiscalía explicaba que "las actas matrimoniales de las bodas que oficiaron los investigados sí revisten relevancia penal por cuanto, según afirman, se hacía constar en ellas, como lugar de celebración, el Salón de Plenos del Ayuntamiento o bien la Casa-Palacio de Manuel Godoy, cuando dichos matrimonios se venían celebrado en la finca El Monje o en la finca La Albada".
Una explicación que ha conseguido que la Audiencia Provincial entienda que "no se trataba de falsedad inocua, como consideraba la juez del Juzgado nº3 de Móstoles, sino de una falsedad documental", tal y como defendía la parte denunciante. Así, el Juzgado nº 3 de Móstoles deberá continuar con el proceso para resolver la causa.
Los procesos judiciales que afectan a Navarro y los otros tres concejales del PP se iniciaron el septiembre de 2017 por parte de Vox Villa, pero no fue hasta mayo de 2018 cuando la Fiscalía estimó oportuno presentar ante el Juzgado de Móstoles la correspondiente querella, a la que se sumó Vox. El 20 de noviembre de 2018, el citado juzgado sobreseyó provisionalmente la causa que, ahora, se reabre por el recurso presentado por Vox, dirigido, exclusivamente, en lo relativo al PP, pese a estar también implicados en la primera denuncia la actual concejala del PSOE Mercedes Castañeda Abad y el exconcejal de Ciudadanos Miguel Ángel Sáinz Santos.