El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha tumbado el recurso presentado por el abogado de la Comunidad de Madrid, en el que exponía dejar sin efecto el auto de 21 de abril por el que obligaba a medicalizar las cuatro residencias de mayores de Alcorcón.
No solo han desestimado este recurso de la Comunidad de Madrid, también han impuesto a la Consejería de Sanidad un reporte de datos, es decir que deberán informar cada semana de las medidas concretas que se han ido adoptando para cumplir lo acordado en este auto. A su vez, los jueces de la Sala de lo Contencioso- administrativo han recordado la necesidad de dotar medios a estos centros de Alcorcón.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ha ratificado, a través de un nuevo auto (Nº 54/2020 de fecha 30 de abril) la necesidad de adoptar las medidas cautelares establecidas el pasado día 21 de abril en relación a dotar de medios personales y materiales de forma inmediata en las residencias de Alcorcón por parte de la Comunidad de Madrid para cumplir con las disposiciones del Gobierno de la Nación para proteger a este colectivo.
El abogado de la Comunidad de Madrid recurrió el día 27 de abril, el auto que ordenaba la medida cautelarísima solicitada por el Ayuntamiento de Alcorcón, con su alcaldesa Natalia de Andrés al frente. La medida cautelarísima se traduce en que el TSJM obligaba a medicalizar las residencias ante el elevado número de muertos e infectados que había en los centros.
La Comunidad de Madrid pidió el levantamiento de la medida exponiendo que no ha existido “inactividad” por parte del Ejecutivo de Díaz Ayuso en las residencias de Alcorcón. El letrado aportó diversos informes de la Consejería de Sanidad para intentar demostrar que ese departamento estaba actuando.
El abogado de la Comunidad de Madrid ha expuesto los siguientes datos para probar la acción en las residencias de Alcorcón: el Hospital Universitario Fundación Alcorcón había derivado a estos centros un geriatra, dos enfermeras y un médico interno residente (MIR). Los ambulatorios en los que se hallan las residencias habían enviado a un médico de familia y a una enfermera, y que habían mandado test rápidos y test tipo PCR.
El día siguiente al auto, el 22 de abril, los facultativos realizaron seis visitas a estos centros en las que valoraron 68 ancianos. Ese día estaban ingresados en el hospital 89 mayores.
El Letrado de la Comunidad de Madrid también alegó que el Ayuntamiento de Alcorcón no realizaba “una reclamación concreta” de las medidas, por lo que no se podía evaluar si la actuación de la Consejería de Sanidad era adecuada.
Sin embargo, el TSJM ha determinado, con fecha 30 de abril, el mantenimiento de las medidas cautelares y ha ratificado en su auto la falta de respuesta por parte de la Comunidad de Madrid a la hora de poner en marcha las medidas señaladas para la protección de este colectivo vulnerable.
Además, el TSJM ha destacado la actuación de la Concejala de Servicios Sociales, Mayores y Salud Pública del Ayuntamiento de Alcorcón en la solicitud de medidas en favor de este colectivo.
El TSJM ha definido a la Comunidad de Madrid la palabra 'Medicalización' y valora como 'concreta' la petición del Ayuntamiento de Alcorcón en la atención de las residencias
Concretamente en su parte dispositiva, este auto requiere a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid a proceder de manera inmediata y medicalizar todas o parte de las instalaciones de las Residencias (Pública, Campodón, Amavir y Sanitas) de Alcorcón.
Además, insta a realizar las actuaciones necesarias para dotarlas del personal médico-sanitario y medios materiales que resulte preciso para un uso sanitario de tales instalaciones y prestando in situ la asistencia sanitaria adecuada a cada uno de los residentes contagiados-positivos asintomáticos o enfermos por COVID-19.
Desde el Ayuntamiento de Alcorcón se exige a la Comunidad de Madrid a cumplir de forma inmediata la dotación de recursos personales y materiales que debería haber determinado desde el primer auto, generando con ello un incomprensible retraso en las imprescindibles medidas de protección que requieren los mayores de nuestra ciudad usuarios de las residencias.
Desde el Gobierno municipal se insta a la Comunidad de Madrid a que abandone la postura de inacción y ponga en marcha las medidas que se establecen en ambos autos no sólo por el hecho de que se trata de la obligada ejecución de una decisión judicial sino porque es preciso abordar una solución urgente para mejorar la calidad de vida de nuestros mayores, el colectivo más vulnerable y más damnificado por esta pandemia.