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Después de siete años desde el anuncio de su imputación, Jorge Díaz, alcalde de Colmenar Viejo se enfrentaba la semana pasada al juicio en el que se le acusaba a él, a los dos alcaldes anteriores de Colmenar, dos concejales y siete exediles, todos ellos del PP, de un supuesto delito de prevaricación urbanística por otorgar 16 licencias de primera ocupación.
Desde el primer momento, Díaz se ha mostrado muy tranquilo y seguro de su inocencia, llegando a calificar el primer día del juicio como "un día muy especial, pues han sido siete años de mucha presencia de medios de comunicación en este caso, en los que se hablaba de prevaricación como si se hubiese robado algo y desde el juzgado no se pide que se devuelva ningún dinero, ni ninguna multa", asegura en la entrevista.
Según el alcalde, tanto él como el resto de acusados "actuamos en conciencia sabiendo la problemática. No hemos hecho nada malo", ya que las viviendas a las que se concedió la licencia de primera ocupación "estaban bien construidas, cumplían con todos los parámetros urbanísticos y tenían toda la normativa a favor, lo único que les faltaba era el contrato definitivo de luz con Iberdrola porque la constructora entró en concurso de acreedores".
"La decisión que se tomó se debatió bastante por el equipo de gobierno de Colmenar Viejo de ese momento", aclara Díaz que explica que se concedió la licencia "para que los vecinos pudiesen escriturar sus casas. Si no se licitaban, los vecinos corrían el riesgo de perder su vivienda y que entrase dentro del concurso de acreedores".
Si la sentencia, que se dará a conocer en los próximos días, es desfavorable, Díaz no tiene planeado dimitir como alcalde de Colmenar Viejo, ya que está convencido de que va a ser absolutoria, "no entiendo cómo ha llegado a un juzgado de lo penal un caso en el que se ha concedido una licencia por la falta de un contrato de la luz".
Si no se licitaban, los vecinos corrían el riesgo de perder su vivienda
Si finalmente la sentencia no es favorable a Jorge Díaz, este tendría que dimitir de su puesto como alcalde de Colmenar Viejo, ya que la Fiscalía pide para él dos años de cárcel y ocho de inhabilitación para ejercer un cargo público. Para el resto de acusados se solicitan penas de unos 3,6 años de prisión y 10 años de inhabilitación.
La investigación judicial se inició tras una denuncia anónima que llegó a los juzgados, sumada a dos querellas de la Fiscalía de Medio Ambiente por la que la juez llegó a comprobar 16 infracciones llevadas a cabo desde el año 2006 por el ejecutivo popular de Colmenar Viejo, que concedió licencias de primera ocupación a pesar de la existencia de informes desfavorables para ello firmados por técnicos municipales.