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Noelia Posse, exalcaldesa de Móstoles, ha declarado ante el juez este miércoles con motivo del cese de dos trabajadoras municipales durante su mandato, según ha adelantado el periódico ABC. Las demandantes interpusieron una querella contra la que fuera regidora de la ciudad por un presunto caso de "acoso laboral", información que fue notificada a este medio por el sindicato CSIF en septiembre de 2021.

Fuentes sindicales trasladaron en su día, a través de un comunicado, que se trató de "una orden directa de Posse, arbitraria y fulminante", mediante la cual las trabajadoras fueron apartadas de las últimas funciones para las que habían sido nombradas tras asistir a una asamblea de interinos, encuentro en el que manifestaron su disconformidad a iniciar las negociaciones destinadas a la consolidación del personal temporal en el ayuntamiento.

Una decisión que, por otra parte, comparaban con "el cese del exdirector de Hacienda por denunciar a la entonces alcaldesa por un caso de corrupción" y "otros ejemplos que se sucedieron de forma continua durante la legislatura, como el de un Interventor Municipal por informar al Tribunal de Cuentas de un supuesto trato de favor a una empresa”, por lo que afirman que existieron "represalias".

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El anterior equipo de gobierno señaló entonces que Noelia Posse "no dio ninguna orden, ni ha dictado ni firmado ninguna resolución con respecto a estas trabajadoras, si no que fue ejecutada y firmada por el que fuera concejal de Recursos Humanos, responsable del área de personal". Antes de acceder a la sede judicial, la ex primera edil ha manifestado para los micrófonos de Telemadrid que afronta el procedimiento "con todo el ánimo del mundo, y confiando en la justicia, como siempre". Desde el grupo municipal socialista no han querido hacer, por el momento, más declaraciones.

Este proceso judicial se suma a la otra causa abierta contra la ex primera edil y los concejales de su Junta de Gobierno por el caso ITV, en fase previa a la apertura de juicio oral, por condonar una deuda de más de 2 millones a una empresa privada y reducir el canon que ésta abonaba por el uso de suelo público.