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Recientemente ha salido a la luz un asunto que genera controversia en nuestros temas de conversación. El año pasado, cuando comenzó la pandemia del coronavirus, sí, han pasado ya más de 365 días, con sus horas, minutos y segundos de agonía, con sus estados de alarma prolongados, y las restricciones que impedían recuperar la tan ansiada “normalidad”. Pues tras más de 365 días ha saltado la bomba: ¡El estado de alarma que inició en marzo de 2020 era… ILEGAL!

Antes de dar pie a juicios de valor, es importante hacer un flashback y recordar los primeros momentos en los que España se sumió en el caos. A principios de marzo de 2020 comenzaron a conocerse los primeros casos de contagios por covid-19, aunque no es novedad que estos positivos ya se conocían desde diciembre del año anterior… Pero ese ya es otro debate.

Por escenificar el momento, a los estudiantes nunca se nos olvidará aquel 9 de marzo, muchos de nosotros nos encontrábamos en la universidad cuando decidieron iniciar los protocolos de evacuación y, sin entender muy bien lo que estaba sucediendo, en un momento pasamos de dar clases a irnos a nuestras casas, atemorizados y pensando que al día siguiente retomaríamos de nuevo la rutina… Qué equivocados estábamos.

En apenas unos días las líneas de tren y autobús se llenaron de estudiantes que regresaban a sus casas, de personas que preferían vivir aquel caos desde sus segundas residencias… En apenas unos días el mundo se paralizó, todo se resumía en contagios, fallecidos y covid-19, un virus que parecía querer acabar con la población.

Ante esta vorágine de movimientos, de entradas y salidas, el Gobierno de España decidió aprobar una medida que otros países ya habían tomado con bastante antelación, decretar el famoso “Estado de Alarma”, y el confinamiento domiciliario. Un 14 de marzo de 2020 no sabíamos que nos esperaba una estadía de tres meses en nuestros hogares, ilusos soñábamos cada dos semanas que la siguiente sería la última, pero el final no llegaba.

Tres meses de confinamiento y muchos fallecidos después, llegó el mes de junio, las cifras parecían estabilizarse y los rumores de recuperar una cierta “normalidad” copaban nuestras conversaciones. Tres meses que quedarían en nuestra memoria. Una época en la que salir parecía casi un delito (sin el casi), no podíamos ver a nadie y mucho menos despedir a nuestros seres queridos que sufrían en soledad cómo el virus apagaba sus cuerpos. Tres meses que pasarán a la historia. Sin embargo, hubo una medida que Sánchez no quiso dejar escapar, no todavía: prolongar el estado de alarma prácticamente un año más, y así fue, con el silencio de los corderos el lobo impuso su ley.

Pero, ¿qué ha pasado un año después? Que a todo cerdo le llega su San Martín, y aunque a veces parezca que España está dormida, hay ciertos momentos de lucidez que permiten a uno recuperar la confianza. El Tribunal Constitucional no ha tenido más remedio, a mi juicio, de declarar inconstitucional aquel confinamiento permanente, tres meses de encierro en los que muchas personas vivieron un infierno en vida. La chispa que encendió un recurso presentado por VOX ha culminado en el fuego que quema la legalidad de aquel confinamiento: “suspensión del derecho de limitación fundamental”, es decir, hablando en plata: el Gobierno decidió, prácticamente con el apoyo de todos, pues poca gente se levantó en contra, pisar nuestros derechos. Aunque lo más grave no es eso, lo más grave es que los españoles no pusimos objeción alguna, no luchamos por lo que nos correspondía. Fuimos como ovejas al matadero, pero, ¿hemos aprendido ya?