El gobierno de la Comunidad de Madrid ha aprobado este miércoles la ley que regulará la eutanasia en la región y que incluirá la creación de un "registro único" de médicos que sean objetores de conciencia, así como una comisión de garantías que se encargará de evaluar las peticiones de los pacientes.
El portavoz del ejecutivo autonómico, Enrique Ossorio, ha asegurado en rueda de prensa, que esta normativa "cumple con el mandato de la ley orgánica nacional" que el Congreso de los Diputados aprobó en el mes de marzo, "pues en ella se detalla que las Comunidades Autónomas deben regular ambos aspectos".
El decreto se publicará este jueves en el BOCM (Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid), pero no entrará en vigor hasta el viernes. El llamado "registro único" de profesionales objetores de conciencia será solo de carácter administrativo y no se dará a conocer públicamente. Por su parte, el comité de garantías se encargará de dar salida a los "casos en conflicto", en los que un paciente solicite la eutanasia a un médico objetor. Estará compuesto por 23 vocales y su trabajo comenzará una vez que entre en funcionamiento la ley.
El "registro único" de profesionales objetores de conciencia será solo de carácter administrativo y no se dará a conocer públicamente.
Aprobado un único caso de eutanasia
Desde que se aprobó en marzo de este año la legalización de la eutanasia en el Congreso de los Diputados, la Comunidad de Madrid ha tenido problemas para aplicarla, pues desde entonces, tal como reconoció el propio consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero, solo se ha tramitado un expediente de muerte digna. Aunque ha habido más peticiones, sin especificar cuantas, estas han sido rechazadas por no "cumplir con los requisitos legales".
A pesar de que en la ley orgánica aprobada por el Congreso se especificaba la creación de un registro con profesionales objetores de conciencia así como una comisión de garantías que ayudase a los pacientes cuyos médicos no quisieran ayudarles en la intervención, el gobierno presidido por Isabel Díaz Ayuso ha tardado más de seis meses en tramitar esta ley.