La sobrecogedora historia relatada por una médica del Hospital Clínico San Carlos, que aseguraba que no se le había querido realizar un aborto en un centro público de la Comunidad de Madrid a pesar de haber sufrido una rotura de bolsa prematura a las cuatro semanas de gestación, ha abierto un nuevo debate sobre si este tipo de intervención está realmente asegurada en la CAM, a pesar de que la ley nacional la protege.
Tal como señalaba Marta Vigara, la protagonista de la historia, en los centros públicos de la Comunidad de Madrid apenas se realizan interrupciones voluntarias del embarazo a las mujeres que lo solicitan, ya sea por necesidad o por decisión, y los datos avalan esta información. Pues tal como muestra un informe de la CAM sobre los abortos realizados en la región, de los 19.694 que se llevaron a cabo en 2019, solo 157 fue en centros públicos, mientras que el resto, 19.537, se hicieron en clínicas privadas.
Esto supone que solo el 0,8% de las interrupciones del embarazo llevadas a cabo en Madrid se han hecho en hospitales o ambulatorios públicos, a pesar de que el aborto hasta la semana 14 está despenalizado por completo desde el año 2010 en toda España.
Este porcentaje hace referencia a otro de los momentos de la historia relatada por Vigara, pues ella, al igual que otras muchas mujeres, fue derivada a una clínica privada para poder llevar a cabo la intervención, ya que en el Clínico todos los médicos del departamento se declararon "objetores de conciencia".
Esta situación se repite cada día en la Comunidad de Madrid, donde el aborto está asegurado a través de clínicas privadas especializadas en la intervención, a las que el gobierno regional destina 3,5 millones de euros anuales para asegurar este derecho de las mujeres que en los centros públicos, ya sea hospitales o ambulatorios, prácticamente se niega.
El gobierno regional destina 3,5 millones de euros anuales para asegurar este derecho de las mujeres en clínicas privadas
Los datos no coinciden
Cada vez que se realiza una interrupción voluntaria del embarazo, ya sea por lo público o lo privado, esta debe ser notificada a la Dirección General de Salud Pública de la Comunidad de Madrid, que a su vez, recoge todos los datos y se los hace llegar al Ministerio de Sanidad para elaborar diferentes estadísticas. Una cadena de información que no siempre funciona.
Pues tal como se puede ver en los datos del Ministerio, en 2019 se realizaron en Madrid 16.852 abortos, de los cuales solo 4 se llevaron a cabo en una institución pública, unas cifras muy alejadas de los 19.694 y 157 que notificó la Comunidad de Madrid en el mismo período de tiempo.
¿Y esto por qué sucede? Cuando un médico realiza una interrupción voluntaria del embarazo debe notificarse a la Dirección General de Salud Pública de la CAM, que recoge los datos y los envía al Ministerio de Sanidad. No obstante, todos los datos son revisados a su vez por el Conjunto Mínimo Básico de Datos al Alta (el CMBDA) que se encarga de recoger los datos de alta de todos los pacientes de los centros públicos de la CAM.
Como en muchas ocasiones los médicos disfrazan las interrupciones voluntarias del embarazo como otras intervenciones para evitar las posibles represalias, esto provoca que los datos enviados al Ministerio y los revisados por el CMBDA no coincidan, pues parece que tampoco se hace mucho por corregir los desfases que existen entre ambas instituciones.