El Tribunal de Cuentas acordaba el pasado mes de julio exigir a los implicados en el caso ITV la cantidad de 667.000 euros "por el presunto perjuicio causado a las arcas públicas" derivado de la condonación de la deuda contraída por la empresa ITV Móstoles con el Consistorio -por valor de 2,4 millones- y la reducción el canon que ésta abonaba por el uso de suelo público.
La última hora sobre este extenso proceso judicial, en el que se ven envueltos tanto la anterior alcaldesa, Noelia Posse, como siete de los concejales que formaban parte de su equipo de gobierno, es que dicho órgano judicial ha determinado el embargo de los bienes de la ex regidora y sus ediles como medida cautelar "por incumplimiento del requerimiento que realizó la jueza instructora, al no haber depositado la fianza o aval por el importe del embargo hasta que tenga lugar el juicio", según se desprende del acuerdo, al que ha tenido acceso la agencia EFE.
Así, la resolución afecta a los socialistas Álex Martín, David Muñoz, Marisa Ruiz, Rebeca Prieto, Lola Triviño y Beatriz Benavides -quien renunció a su cargo como responsable en el área de Igualdad a principios de 2021-, así como a Nati Gómez, perteneciente a la formación política que entonces figuraba bajo la denominación de Unidas Podemos (ahora coalición Podemos-IU-Alianza Verde). Sin embargo, el fallo deja fuera a Aitor Perlines, quien "sí ha realizado un ofrecimiento de bienes a efectos de garantizar dicho requerimiento".
Nosotros presentamos en su momento un recurso que sí ha sido admitido, solicitando la suspensión del embargo preventivo de bienes
Este dilatado periplo judicial comenzó cuando Más Madrid Móstoles interpuso una querella por un presunto delito de prevaricación y malversación, al tener conocimiento de la intención de Ejecutivo Local de "perdonar" la mencionada deuda a una empresa privada, algo que consideraban "ilegal y contrario al interés de la Administración Pública".
En junio, la Audiencia Provincial desestimaba el recurso de casación interpuesto la ex primera edil y su equipo, abriendo la puerta a la fase de apertura de juicio oral. Anteriormente (y pese a que se llegó a ordenar el archivo y sobreseimiento de la causa), la Justicia rechazaba también el recurso de aclaración solicitado por los acusados. "Se acordó una quita de 615.000 euros, se redujo el canon a 60.000 euros anuales, se acordó un fraccionamiento de la deuda pendiente sin intereses ni garantías durante un período de 30 años. Por todo ello, entendemos que existen indicios suficientes de la comisión de delito", describía el documento del Ministerio Fiscal enviado a la Audiencia Provincial de Madrid.
Marisa Ruiz, concejal involucrada en el proceso y que en esta ocasión está desempeñando la labor de portavoz, ha manifestado que "efectivamente, la jueza instructora del expediente ha comunicado a nuestro letrado que iba a realizar el embargo preventivo de bienes, aunque nosotros presentamos en su momento un recurso que sí ha sido admitido, solicitando la suspensión del mismo porque, tal y como ya pusimos en conocimiento de la instructora, la cuantía está mal calculada, y además no existe ningún daño patrimonial para el ayuntamiento, ya que el acuerdo se dejó en suspenso y a día de hoy se está reclamando la totalidad de la deuda".
Un hecho que "conoce perfectamente el concejal de Hacienda del PP, a quien hemos solicitado que la actual Directora de Gestión Tributaria certifique si efectivamente se está reclamando la totalidad de la deuda y si el acuerdo está sin ejecutar". Asimismo, indica que "el procedimiento está politizado y trufado de irregularidades desde su inicio, impulsado además por la exMinistra de Aznar, Margarita Mariscal; la jueza solo ha tenido el objetivo de declarar que había un alcance contable".
El anterior gobierno municipal -que descartó en todo momento la dimisión que pedían los grupos de la oposición- siempre ha defendido "haber obrado con absoluto respeto a la legalidad", con el fin de "evitar el cierre de la empresa y salvaguardar los puestos de trabajo de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, en el peor momento de la pandemia, así como garantizar que el ayuntamiento cobrase, al menos, una parte del dinero pendiente".