La Plataforma en Defensa del Sistema Público de Pensiones de Móstoles no quiere que el Gobierno de España, formado por PSOE y Unidas Podemos, se olvide de los pensionistas y para ello ha enviado una carta a dos de sus miembros, Adriana Lastra, Portavoz del grupo socialista en el Congreso de los Diputados, y Yolanda Díaz, Ministra de Trabajo y Economía Social.
Las misivas, que todavía no han recibido respuesta, decían lo siguiente:
"Sin olvido de las reivindicaciones de nuestra tabla reivindicativa, nos ponemos en contacto con usted por un motivo que consideramos urgente.
El actual Acuerdo de Gobierno PSOE/UP en su apartado 2.4.1 dice textualmente: "....y mejoraremos el poder adquisitivo de las pensiones mínimas......".
Pensionistas de Móstoles exigimos que dicho acuerdo se lleve a cabo en los presupuestos 2022 que en la actualidad se negocian, dado que en los de 2021 estas pensiones se revalorizaron un 0,9% al igual que las máximas.
Como conoce son varios millones de pensionistas, la mayor parte mujeres, las que sobreviven con las cuantías actuales de alrededor de 650€/mes totalmente insuficiente máxime teniendo en cuenta el enorme incremento que está sufriendo el coste de la vida en nuestro país: electricidad, gas, comisiones bancarias, alimentos, etc.".
Hay millones de pensionistas, la mayor parte mujeres, que sobreviven con 650 euros al mes
Aprobada la primera parte de la reforma de las pensiones
Precisamente hoy se ha aprobado la primera parte de la reforma del sistema de pensiones en el primer Consejo de Ministros celebrado tras las vacaciones de verano. En esta primera parte se ha anulado el Índice de Revalorización de las Pensiones para que estas vuelvan a estar calculadas según el IPC (Índice de Precios del Consumidor), que se calculará en diciembre y se aplicará en enero. Esta medida entrará en vigor a partir del 2022.
Además, también se ajustarán los coeficientes reductores para las prejubilaciones para que se extiendan las carreras laborales y que la edad real de jubilación (los 64 años) se acerque a la edad legal (los 66 años), lo que supone un ahorro para el sistema, ya que se pagan cotizaciones, por parte de los trabajadores, pero no pensiones por parte del Gobierno.