Hace unos días conocíamos la noticia de que la justicia volvía a dar la razón a Gabriel Ortega, ex concejal de Más Madrid, en lo relativo a su petición de información sobre el cambio de categoría de una empleada de Móstoles Desarrollo, con el fin de comprobar que dicha modificación "se ajustaba a lo aprobado en los órganos de gobierno", según él mismo explicaba en su día durante una entrevista para Televisión Digital de Madrid.
"A esta señora se le había puesto una categoría de Auxiliar Administrativa y un sueldo de 1.900 euros, y nosotros teníamos sospechas de que esta persona, por la vía del artículo 33, sin pasar por los órganos competentes, tenía una categoría de técnico y estaba ingresando cerca de 3.000 euros durante 2021, lo cual sería ilegal", nos decía.
El Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha desestimado el recurso de apelación interpuesto por parte de dicha empresa pública, el gobierno de Noelia Posse y la propia trabajadora, señalando que al entonces edil, que llegó a llamar a la Policía Local para que levantase acta e incluso llegó a interponer una demanda para reclamar la documentación por vía judicial, le asiste "el innegable derecho a acceder a la información requerida" para el desempeño de su cargo y para "una correcta labor de control y fiscalización, o para el ejercicio de las responsabilidades de gestión que, en su caso, ostente el concejal".
En lo referente a enchufazos, utilización inadecuada del dinero público o incluso posibles casos de ilícitos penales, nosotras y nosotros actuábamos con la máxima firmeza
"Esta sentencia viene a constatar y ratificar algo que yo siempre defendí durante el periodo que me correspondió encarnar el proyecto de Más Madrid Móstoles desde el Ayuntamiento, y es que el tiempo pone a cada uno en su lugar; no se puede mentir y engañar a todo el mundo todo el tiempo", señala ahora Ortega en declaraciones exclusivas para este medio, añadiendo que "mis derechos fundamentales fueron lesionados de forma recurrente por el que era el gobierno municipal, frente a la tarea de fiscalización y control que le corresponde a la oposición".
"En lo referente a enchufazos, utilización inadecuada del dinero público o incluso posibles casos de ilícitos penales, nosotras y nosotros actuábamos con la máxima firmeza, no le debíamos obediencia a nadie más que a quien nos había votado, y eso hubo quien no nos lo perdonó nunca, por lo que decidieron emprender una campaña de acoso y derribo contra mí y otras personas que ahora ven ratificados sus derechos por la justicia, como fue el caso del interventor general o del anterior secretario general del Pleno por el caso ITV", añade.
"Nadie nos dobló el brazo, porque sabíamos que estábamos defendiendo lo que es de justicia, lo que es de derecho, y fundamentalmente el interés general y lo que es de todos los mostoleños y mostoleñas, que es para lo que nos eligieron. Hicimos lo que teníamos que hacer", concluye.