El procedimiento judicial del Cercanías que nunca llegó a Navalcarnero sigue su curso. La sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha rechazado la petición de la constructora OHLA -cuya filial era entonces la empresa concesionaria (Cemonasa)-, mediante la cual exigía a la Comunidad de Madrid una indemnización por valor de 53 millones de euros por la paralización de los trabajos y los costes de inversión realizados respecto a "las obras ejecutadas y no abonadas en relación al proyecto complementario, y las actuaciones de reposición, adecuación y cerramiento en el marco de este contrato".
La Justicia considera en este sentido que dicho cese "sólo resulta imputable a Cemonasa", por lo que "los gastos que de ello se hayan derivado deberán ser asumidos por la misma", tal y como se indica en la sentencia, a la que han tenido acceso EFE y Europa Press, fuentes que aseguran que OHLA recurrirá en casación.
No obstante, el Gobierno regional ya abonó a la compañía una cuantía de 162,5 millones en 2021 en concepto de pago de la liquidación del contrato de redacción de proyecto, construcción y explotación de esta inacabada infraestructura (y sus correspondientes intereses de demora). En 2022, tuvo que afrontar una sentencia por la que debía hacerse cargo de otros 188,4 millones.
La paralización de los trabajos sólo resulta imputable a Cemonasa
El Ejecutivo regional asumió la puesta en marcha de esta alternativa de transporte público, esencial para dar cobertura a una zona de influencia de más de 200.000 habitantes que se ven limitados en las comunicaciones por carretera, ya que la autovía dispone únicamente de dos carriles hasta el kilómetro 25, lo que hace que se sature en hora punta y/o cuando las condiciones de tráfico son desfavorables.
Sin embargo, y pese a las actuaciones desarrolladas (con sus respectivos millonarios desembolsos), nunca llegó a ser una realidad. El trazado debería disponer, según su diseño, de 15 kilómetros y siete estaciones, y tendría que estar operativo desde 2015. Su materialización iba a mejorar también las conexiones de la urbanización Parque Coimbra, estableciendo un enlace ferroviario con la Plataforma Logística Puerta del Atlántico, en un recorrido que incluía el soterramiento de 3 kilómetros de vía.
Alcaldes afectados, partidos políticos y movimientos vecinales exigen desde entonces que se reanude la viabilidad del proyecto. En su día, la Comunidad de Madrid también reclamó por vía judicial la cantidad de 356 millones a OHLA como "responsable de los daños y perjuicios derivados de la resolución del contrato", solicitud que el Tribunal Supremo tumbó.