La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid concluye en una sentencia que “la competencia para las tareas ordinarias de limpieza, conservación y mantenimiento del cauce del Rio Guadarrama a su paso por Navalcarnero corresponden a la Confederación Hidrográfica del Tajo”, fallo emitido tras estimar el recurso interpuesto por el Ayuntamiento de la localidad.
En abril de 2022, la Confederación abrió expediente a dicho municipio, así como a las poblaciones vecinas de Arroyomolinos y Móstoles, por no hacerse cargo de dicha tarea. En el caso de Navalcarnero, el organismo alegaba la existencia de un convenio según el cual sería el consistorio el encargado de la vigilancia y cuidado del Guadarrama a su paso por el término municipal. En base al mismo, el organismo giró al ayuntamiento una resolución según la cual tendría que pagar 11.273,40 euros por la retirada de residuos del cauce.
Entonces, el equipo de gobierno aseguro "cumplir con sus obligaciones" dentro de este ámbito, declarando que el ejecutivo local "no está autorizado a limpiar el río Guadarrama, y además, en nuestro término municipal ni existen asentamientos ilegales ni zonas desde las que se viertan residuos".
Ahora, en su recurso, el gobierno local exponía "que no existe dicho acuerdo o convenio que sirva de base a la pretensión de la Confederación Hidrográfica, entendiendo que no tiene competencias legales para la vigilancia y limpieza del cauce, al no discurrir el mismo por una zona urbanizable del municipio y estar dentro de una zona de “máxima protección” de la Comunidad de Madrid, el Parque Regional del Curso Medio del Río Guadarrama y su entorno".
La Sala no considera probada la existencia del mencionado acuerdo, y recalca que “la competencia para las operaciones materiales ordinarias de limpieza de los cauces públicos corresponde al organismo de cuenca al que corresponde, así como la carga de justificar motivadamente cuándo la competencia corresponde a otras Administraciones o usuarios”. No obstante, da un plazo de 30 días para la presentación de un recurso de casación por parte de la Confederación.
La competencia para las tareas ordinarias de limpieza, conservación y mantenimiento corresponden a la CHT
Limpieza del Guadarrama
El Río Guadarrama, cuyo cauce fluye por diferentes municipios del Oeste de la región -entre ellos, Navalcarnero-, preocupa desde hace años a vecinos, administraciones y asociaciones ecologistas, dado el estado en el que se encuentra este entorno natural, caracterizado por una acumulación de basura, restos de desguace y escombros, que han convertido este enclave en un vertedero ilegal.
El actual equipo de gobierno local de Navalcarnero asegura "haber pedido en diversas ocasiones a la Confederación Hidrográfica del Tajo y a la Comunidad de Madrid que busquen una solución, dentro de sus competencias, para la vigilancia y conservación del río Guadarrama debido a la falta de competencias propias para tal finalidad que tiene el Ayuntamiento de Navalcarnero, en cuyo término municipal no se depositan residuos al cauce del Guadarrama, pero sí se sufren las consecuencias medioambientales de la falta de control, vigilancia y limpieza".
Por otro lado, están en marcha dos nuevas reclamaciones por sendas sanciones que, a juicio del Departamento Jurídico municipal de la entidad local, "están totalmente injustificadas". En su momento, el Gobierno central -la CHT depende del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO)- señaló en referencia a esta problemática que "en 2020 se alcanzó un acuerdo con los Ayuntamientos afectados para poner en marcha este plan de choque conjunto en el tramo entre Móstoles y Batres, con la finalidad de proteger el ecosistema fluvial y sus valores ambientales".
Para ello, "se encargó a TRAGSA una retirada de residuos que debía acompañarse de tareas de vigilancia y control por parte de las administraciones municipales (aparte de la autonómica) para evitar la aparición de nuevos vertidos", tarea "a la que se instó a los Ayuntamientos y que, a pesar de las advertencias efectuadas, no se llevó a cabo", añadió entonces el Gobierno de España.