El Tribunal de Cuentas exige la cantidad de 667.132,02 euros a la exalcaldesa socialista, Noelia Posse, así como a los concejales de la Junta de Gobierno de aquel entonces implicados en el caso ITV, "por el presunto perjuicio causado a las arcas públicas". Álex Martín, David Muñoz, Marisa Ruiz, Rebeca Prieto, Lola Triviño, Aitor Perlines, Beatriz Benavides -quien abandonó su cargo como responsable en el área de Igualdad a principios de 2021-, todos ellos ediles del PSOE en el anterior mandato, Nati Gómez (perteneciente a la formación política Unidas Podemos) y el tesorero del ayuntamiento Francisco Javier Torner deberán depositar en metálico 555.162 euros de principal y 111.969 de intereses, o bien prestar fianza solidariamente en diez días.
La liquidación del perjuicio es provisional hasta tanto recaiga la sentencia en el juicio que por alcance les va a abrir a Noelia Posse y a sus concejales el Tribunal de Cuentas próximamente, según ha podido saber este medio. Su decisión de condonar una deuda de 2,4 millones de euros a la empresa ITV Móstoles y reducir el canon que ésta abonaba por el uso de suelo público desembocó en la interposición de una querella por parte de Más Madrid por un presunto delito de prevaricación y malversación, la cual ha derivado en un largo proceso judicial.
Las últimas noticias sobre el proceso tenían lugar el pasado mes de junio, cuando la Audiencia Provincial desestimaba el recurso de casación interpuesto por la anterior regidora de la ciudad y seis de los concejales investigados, determinación que abría la puerta de la siguiente fase: la apertura de juicio oral. Anteriormente (y pese a que se llegó a ordenar el archivo y sobreseimiento de la causa), los Tribunales rechazaban también el recurso de aclaración solicitado por los acusados, confirmando el auto por el que se ordenó procesar a la que fuera primera edil y su equipo de gobierno.
"Se acordó una quita de 615.000 euros, se redujo el canon a 60.000 euros anuales, se acordó un fraccionamiento de la deuda pendiente sin intereses ni garantías durante un período de 30 años. Por todo ello entendemos que existen indicios suficientes de la comisión de delito", describe el documento del Ministerio Fiscal (que hasta la fecha no había tomado parte en ninguna diligencia de investigación en torno a este asunto) enviado a la Audiencia Provincial de Madrid.
La liquidación del perjuicio es provisional hasta tanto recaiga la sentencia en el juicio que por alcance les va a abrir a Noelia Posse y a sus concejales el Tribunal de Cuentas próximamente
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El Ejecutivo de Noelia Posse, quien descartó en todo momento su propia dimisión y la de su equipo, defendió en todo momento su postura, indicando que el objetivo fue "evitar el cierre de la empresa y salvaguardar los puestos de trabajo de su plantilla, compuesta por 25 trabajadores, en el peor momento de la pandemia, así como garantizar que el ayuntamiento cobrase, al menos, una parte del dinero pendiente".
Asimismo, y en referencia a este último acto administrativo de liquidación provisional en las Actuaciones Previas 79/2021, el grupo municipal socialista ha manifestado vía nota de prensa que se trata de "una versión de los hechos subjetiva y no ajustada a la verdad, que no responde a la realidad si no a una interpretación politizada, parcial y orientada del expediente".
En este sentido, señalan que "esta opinión se funda en el hecho cierto de que la denuncia presentada por el interventor municipal (Caín Poveda) fue validada por el auto de la presidenta de la Sección de Enjuiciamiento Doña Margarita Mariscal de Gante, ministra de Justicia del gobierno del Partido Popular de José María Aznar entre los años 1996 y 2000, elegida diputada al Congreso por el PP y siendo aupada a vicepresidenta primera de la Mesa de dicha cámara desde abril de 2002 a enero de 2004", añadiendo que "entre 2012 y 2021 fue consejera del Tribunal de Cuentas", motivo por el cual, afirman "el grupo socialista no cree en las casualidades ni en la imparcialidad ideológica de la autora intelectual del auto que validó la denuncia del señor interventor".
"No existía base jurídica ni fáctica para imputar un presunto alcance contable a los afectados, por cuanto se había acreditado reiterada y documentalmente que el acuerdo del 20 de octubre de 2020 quedó suspendido y no desplegó sus efectos jurídicos como se acreditaba en los informes del ayuntamiento, el cual a día de hoy continúa reclamando la totalidad de la deuda concesional", declaran.
"La delegada instructora denegó obstinadamente la práctica de las diligencias solicitadas por la representación de los ediles del PSOE inmersos en la causa y encaminadas a dejar claro que no era cierto que se hubiese causado ningún perjuicio al ayuntamiento, y que se concretaban en solicitar que el actual gobierno municipal de PP/VOX certificase las cuantías reclamadas en concepto de canon correspondientes a los ejercicios de 2013 a 2022, si el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local de 20 de octubre de 2020 está en suspenso o se está aplicando, y si se ha ejecutado la reducción de canon y la quita acordada".
Una negativa "que nos dejó en la más absoluta indefensión y al albur del criterio subjetivo de la funcionaria, por lo que estudiaremos recurrir la liquidación provisional para continuar defendiendo la verdad".