Continúa la controversia en la ciudad de Móstoles. Hace unos días, la fiscalía abrió diligencias sobre la gestión de su primera edil, la socialista Noelia Posse. Resulta que, según se ha notificado, el club de fútbol sala femenino del que es entrenador el tío de la alcaldesa, Héctor Vicente Posse, recibió una subvención económica nada desdeñable, pasando de tener 14.000 a 75.000 euros en dos años… una diferencia difícil de ignorar. 

Por este motivo, el Ministerio Fiscal ha pedido toda la información pertinente al respecto, como son los nombres, funciones y actividades que tienen lugar tanto en la Casa Consistorial como en el club deportivo. También se requiere saber las retribuciones a cargo de los Presupuestos o derivadas de subvenciones otorgadas por el mismo, y los expedientes administrativos de la escuela deportiva Los Molinos de los ejercicios de 2019 y 2020.

¿Cuáles son las prioridades para la Corporación de Móstoles?

Informaciones como estas o las polémicas de índole similar vinculadas a Móstoles Desarrollo, la empresa municipal, chocan de manera ineludible con una realidad detrás de la que lleva este medio mucho tiempo: la de las carencias que se han señalado en la Residencia de Mayores Juan XXIII. Y es que, la comparación entre ambos aspectos lleva a cuestionarse las prioridades en el reparto presupuestario de la ciudad, pues no es el primer caso de familiares de la alcaldesa en el Ayuntamiento: ya ocurrió con su hermana, Laura Posse, su expareja, Gonzalo Sánchez, un amigo cercano, Luis Vázquez y otra amiga cercana, Alicia Domínguez, entre otras personas. 

Por su parte, la residencia parece pertenecer a una ciudad distinta, mucho más austera. Y es que, recientemente se llevaron a cabo protestas por las noticias recientes sobre los problemas de alimentación que tienen los residentes de la residencia municipal Juan XXIII. De hecho, los familiares de los residentes se reunieron en la puerta del centro para reclamar por la "pésima gestión". Allí, algunos familiares denunciaron haber sacado a su abuelo de la residencia pesando tan solo 30 kg. Y ya no es solo la cantidad, sino la cantidad, pues algunos residentes han utilizado el término “porquería” para referirse a lo que se ingiere allí. Algo que da una imagen bastante injusta de la ciudad: una en la que el gobierno actual barre para su casa y hace del municipio todo un ejemplo de desigualdad en el que las personas más vulnerables quedan atrás.