Cuando apenas han transcurrido unos días desde que el pleno del ayuntamiento declarase "lesivo" el acuerdo que dio lugar al caso ITV durante el mandato anterior, y después de que la corporación municipal aprobase revertir la condonación de la deuda a la empresa involucrada, vuelve a haber novedades en torno a este proceso judicial.
La última hora tiene que ver con la admisión a trámite por parte del Tribunal de Cuentas de la demanda presentada por el actual consistorio contra la ex regidora, Noelia Posse (ahora portavoz del grupo municipal), y los ocho concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno de aquel entonces -algunos de ellos siguen siendo ediles a día de hoy en la oposición-.
El actual alcalde de Móstoles, Manuel Bautista, manifestó tras las medidas adoptadas en sesión plenaria que “nuestro deber es preservar el dinero público de los ciudadanos y devolverles el montante de más de 2,4 millones de euros que han perdido las arcas municipales a consecuencia de la condonación de la deuda a la ITV”. El presente ejecutivo local estima el 'daño' en 817.453 euros.
En febrero, la justicia ya consideró que "resultaba obvio el perjuicio causado a las arcas públicas" como consecuencia de dicha decisión, alcanzada por el citado órgano de gobierno municipal con fecha de 20 de octubre de 2020.
Durante el pasado verano, el Tribunal de Cuentas exigía a los involucrados la cantidad de 667.000 euros, acordando el embargo de los bienes de los investigados como medida cautelar "por incumplimiento del requerimiento que realizó la jueza instructora, al no haber depositado la fianza o aval por el importe del embargo hasta que tenga lugar el juicio", dejando fuera únicamente a uno de los implicados, "que sí realizó un ofrecimiento de bienes a efectos de garantizar dicho requerimiento".
Anteriormente, la Audiencia Provincial desestimaba el recurso de casación interpuesto la ex primera edil y su equipo. Pese a que en un momento determinado se llegó a ordenar el archivo y sobreseimiento de la causa, os Juzgados rechazaron también el recurso de aclaración solicitado por los acusados.
El acuerdo no pudo causar ningún perjuicio a las arcas municipales porque no se ejecutó
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Paralelamente, los investigados por un presunto delito de prevaricación administrativa han comunicado que impugnan la petición de los querellantes, Gabriel Ortega y Susana García (exconcejales de Más Madrid), para que se les juzgue también por supuesta malversación.
Por ello, han presentado ante la Audiencia Provincial una resolución de la Directora de Gestión Tributaria y Recaudación, con fecha de 20 de septiembre de 2.023, en la que "se acordaba suspender los actos de ejecución patrimonial sobre los bienes de la mercantil ITV MÓSTOLES S.L".
Algo que prueba, según señalan los interesados, "que hasta esa fecha el Ayuntamiento de Móstoles estaba reclamando a la empresa la totalidad de la deuda sin ejecutar el acuerdo origen de la querella, esto es, sin quitas ni reducción del canon, porque la ejecución de dicho acuerdo estaba suspendido hasta la resolución de los procesos judiciales".
"Este documento prueba indubitadamente que el acuerdo tomado por la Junta de Gobierno Local con fecha 20 de octubre de 2020 no causó ningún perjuicio a las arcas municipales al haberse dejado en suspenso, sin que en ningún momento desplegara efectos jurídicos en beneficio de la mercantil ITV MÓSTOLES S.A.", explican.