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MÓSTOLES | Noelia Posse se enfrenta a la fase de juicio oral por el caso ITV

La exalcaldesa está acusada de un presunto delito de prevaricación y malversación

La exalcaldesa está acusada de un presunto delito de prevaricación y malversación

La Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación para los acusados.

Imagen: Ayto. Móstoles

 

 

El proceso judicial del caso ITV contra Noelia Posse, exalcaldesa de Móstoles (ahora portavoz del grupo municipal socialista), y ocho de los concejales que formaban parte de su equipo de gobierno durante el pasado mandato, sigue su curso. En esta ocasión, el Juzgado de Instrucción número 1 de Móstoles ha ordenado ya la apertura del juicio oral por un presunto caso de prevaricación y malversación. El motivo: condonar una deuda de más de 2 millones a la empresa ITV Móstoles y reducir el canon que ésta abonaba por el uso de suelo público. 

 

 

Según el auto del 31 de julio, al que ha tenido acceso este medio, los acusados deberán hacer frente de forma solidaria y conjunta a una fianza de 817.453,94 euros -la cantidad en la que el ejecutivo actual cifraba el perjuicio a las arcas públicas-, "para asegurar las responsabilidades pecuniarias que pudieran imponérsele". En caso contrario, se procederá al embargo de bienes "en cantidad suficiente".  

 

 

Por otro lado, la Fiscalía solicita 12 años de inhabilitación especial para el empleo o cargo público y para el ejercicio del derecho de sufragio. Además de la cuantía económica estipulada, la acusación popular, por su parte, pide seis años de prisión para los procesados y que éstos sean condenados al pago de las costas del procedimiento. 

 

 

Durante el pasado verano, el Tribunal de Cuentas exigía a los involucrados la cantidad de 667.000 euros, acordando el embargo de los bienes de los investigados como medida cautelar. Anteriormente, la Audiencia Provincial desestimaba el recurso de casación interpuesto la ex primera edil y su equipo. Pese a que en un momento determinado se llegó a ordenar el archivo y sobreseimiento de la causa, los Juzgados rechazaron también el recurso de aclaración solicitado por los acusados.

 

 



La acusación popular, por su parte, pide seis años de prisión para los procesados

 

 

 

 

Ahora, los ojos están puestos en Juan Lobato, secretario general del PSOE de Madrid, quien en febrero de este año aseguraba que la Comisión de Garantías del partido "tomaría las medidas oportunas cuando recibiera la notificación de apertura de juicio oral".

 

 

Cabe recordar que, a nivel regional, la formación ha manifestado en todo momento que procederá "de manera clara, contundente y con el máximo rigor, en el caso que se produzca alguna de las circunstancias en las que el Estatuto, el Reglamento y el Código Ético establecen que se debe actuar". Esto supondría que tanto Posse como los cuatro ediles que siguen siendo concejales en la Corporación Municipal deberían dimitir de su cargo y solicitar la baja como afiliados. De no hacerlo, serían expulsados del mismo. En caso de no renunciar a su acta, podrían pasar al Grupo Mixto. 

 

 

"Juan Lobato debe cumplir su palabra y expulsar a la exalcaldesa de Móstoles del PSM. Los partidos progresistas tenemos que ser implacables contra la corrupción", ha manifestado en redes Manuela Bergerot, líder de Más Madrid en la Asamblea.

 

 

Quien también se ha pronunciado ha sido Emilio Delgado, portavoz de dicho partido en Móstoles: “Advertimos al PSOE que no era buena idea presentar en las pasadas elecciones una lista encabezada por cinco personas procesadas por corrupción. Deben dimitir inmediatamente. Más Madrid llevó a los tribunales esta causa y avisamos al PP de que debería tomar nota. Ante la corrupción, tolerancia cero”, ha señalado.

 

 

Noelia Posse también ha dado su versión en esta ocasión, exponiendo que "lo que se nos ha notificado es el auto de apertura de juicio oral que emite el Juzgado de Instrucción y que sigue la línea que marcó ya la Audiencia Provincial en marzo de 2023, eliminando cualquier delito de malversación y dejando un presunto delito de prevaricación administrativa".  

 

 

"Esta tesis es la que mantienen también el Fiscal y el propio Ayuntamiento, que se personó recientemente, evidenciando que lo que pretendían los exconcejales de Más Madrid (quienes interpusieron la querella que dio lugar a la causa) no es más que un empecinamiento personal que por desgracia persiste en el tiempo", añade. 

 

 

"En cuanto a la fianza, entendemos que no debería solicitarse en este proceso, pues esa parte ya se está tratando en el Tribunal de Cuentas, y por ello lo vamos a recurrir, y vamos a seguir defendiendo nuestra inocencia", concluye la exalcaldesa. 

 

 

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